Durante una alocución televisada, el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, advirtió que su administración implementará un nuevo protocolo nacional enfocado en el manejo de las protestas en las instituciones de educación superior públicas. El mandatario fue enfático en señalar que, aunque se garantizará el derecho a la manifestación pacífica, la Fuerza Pública intervendrá y podrá ingresar a los campus para perseguir y detener a quienes cometan actos de violencia, vandalismo o terrorismo urbano.

«La autonomía universitaria no es una patente de impunidad; voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar», sentenció el jefe de Estado, al recalcar que los planteles educativos no deben convertirse en «santuarios de la violencia» ni escudarse en el principio de autonomía para perpetrar ataques contra la infraestructura o la población civil.

El anuncio desató de inmediato un intenso debate nacional. Por un lado, sectores afines al Gobierno y gremios que respaldan el endurecimiento de la seguridad celebraron la medida, argumentando que frenará la impunidad de grupos encapuchados que afectan la normalidad académica. Por otro lado, movimientos estudiantiles, congresistas de oposición y directivas académicas rechazaron tajantemente la directriz, calificándola como una amenaza directa a las libertades democráticas, al derecho a la protesta y a la autonomía institucional consagrada en la Constitución.