En medio del debate sobre las nuevas estrategias para el control de cultivos ilícitos, una fuerte controversia sacudió al legislativo. Durante una sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se cuestionó el alcance del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, encendiendo las alarmas por los intereses económicos y comerciales que rodearían la medida.

De acuerdo con las denuncias expuestas en el debate, la implementación de esta sustancia y el desarrollo operativo de los polémicos vuelos de fumigación no solo representan un riesgo ambiental y social para las comunidades rurales, sino que abrirían la puerta a un jugoso negocio. El congresista citante señaló que al menos 14 empresas de Estados Unidos estarían perfiladas para recibir millonarios beneficios económicos derivados de la proveeduría de insumos, equipos y tecnología asociada al herbicida.

La revelación desató una ola de cuestionamientos sobre la soberanía en la toma de decisiones antidrogas y los verdaderos beneficiarios de los recursos destinados a estas pruebas piloto —cuyo despliegue proyectado en regiones como el Putumayo ya enfrenta férreas resistencias jurídicas y comunitarias por los antecedentes de afectaciones a la salud y a la seguridad alimentaria—.

Mientras sectores del Gobierno defienden la necesidad de evaluar alternativas técnicas para la erradicación, los críticos exigen transparencia absoluta sobre los contratos, las especificaciones de la mezcla química y los convenios internacionales que respaldan el uso del glufosinato, advirtiendo que el país no puede convertirse en un centro de pruebas comerciales para corporaciones extranjeras.