La implementación del nuevo esquema pensional transforma de manera estructural las condiciones de jubilación para las mujeres en el país, introduciendo por primera vez un enfoque diferencial que busca cerrar las históricas brechas de género generadas por la informalidad laboral y las cargas desproporcionadas en las labores de cuidado no remunerado.

El cambio más representativo es la reducción progresiva del requisito general de semanas de cotización. Mientras que tradicionalmente se exigían 1.300 semanas, el nuevo marco legal estableció un descenso continuo que comenzó en 1.250 semanas y continuará disminuyendo de forma anual hasta fijar un piso de 1.000 semanas en el año 2036. Adicionalmente, la normatividad contempla beneficios especiales por la crianza de hijos (hasta un máximo de tres), permitiendo aliviar el impacto económico que sufren las trabajadoras al interrumpir sus trayectorias laborales para dedicarse al hogar.

Más allá del régimen contributivo tradicional, la normativa redefine la protección para la vejez a través de un sistema de pilares que impacta a las mujeres en distintos niveles socioeconómicos:

  • Pilar Solidario: Otorga una renta básica vitalicia a los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad, con una edad de acceso fijada en los 60 años para ellas (frente a los 65 de los hombres), reconociendo que la mayor parte de la población en la vejez sin pensión está compuesta por mujeres.
  • Pilar Semicontributivo: Dirigido a quienes cotizaron durante años pero no alcanzaron el umbral mínimo para pensionarse; este esquema convierte dichos aportes en una renta vitalicia e incluye un subsidio estatal superior para las mujeres (del 30% frente al 20% de los hombres).
  • Pilar Contributivo: Modifica el traslado de aportes hacia la administradora pública hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos, reconfigurando los ahorros de las altas rentas, pero aliviando de forma directa a las trabajadoras de clase media y baja que se encontraban más cerca de cumplir las semanas requeridas.

Si bien los analistas advierten que una proporción importante de trabajadoras en la informalidad aún enfrenta barreras severas debido a los bajos acumulados iniciales de semanas, la reforma representa un giro normativo inédito al incorporar de manera explícita la variable de género dentro de la seguridad social colombiana.