El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara una medida de máxima seguridad destinada a frenar las operaciones de las organizaciones criminales en el país: la reclusión de capos y cabecillas de alto perfil en buques cárcel ubicados en altamar. La iniciativa busca cortar de raíz las comunicaciones y redes de extorsión que la delincuencia organizada continúa dirigiendo desde los centros penitenciarios en tierra.

El plan de reclusión marítima

La Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS) se encuentra en articulación entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El proyecto contempa acondicionar embarcaciones de la Armada para transformarlas en centros de reclusión de máxima seguridad aislados geográficamente, imposibilitando la señal telefónica y el contacto directo con estructuras externas.

Antecedentes de reclusión en altamar

El uso de embarcaciones como plataformas de detención temporal no es totalmente inédito en Colombia. Durante el año 2007, en la administración de Álvaro Uribe, exjefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez (alias ‘Macaco’) y Diego Fernando Montoya (alias ‘Don Diego’) fueron puestos bajo custodia en buques de la Armada tanto en las costas del Caribe como del Pacífico para desarticular el control sobre sus mandos.

Debates jurídicos y próximos pasos

A pesar de que el Ejecutivo prevé consolidar esta medida en los próximos meses antes de avanzar en otros proyectos penitenciarios de mayor escala, defensores de derechos humanos y analistas legales advierten sobre los desafíos constitucionales que enfrentará la estrategia. Aspectos como el derecho al arraigo familiar, los regímenes de visitas y la garantización de condiciones para la resocialización serán punto de discusión en los tribunales. Sin embargo, el Gobierno ha expresado que defenderá la legalidad del mecanismo aduciendo razones de seguridad nacional y contención del delito.