Una nueva polémica sacude el escenario político nacional tras confirmarse el traslado del exsenador Antonio Guerra de la Espriella —condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht— desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia una guarnición militar ubicada en el municipio de Corozal, departamento de Sucre.

La medida ha generado fuertes cuestionamientos desde diversos sectores políticos, especialmente por parte de la oposición, que advierte sobre un trato preferencial para el ex congresista. Voces críticas señalaron que este beneficio carcelario contradice de manera directa las posturas y afirmaciones públicas sobre el lugar en el que deben purgar sus penas los condenados por delitos de corrupción, quienes en repetidas ocasiones han defendido que este tipo de infractores deben cumplir sus condenas exclusivamente en establecimientos penitenciarios ordinarios y bajo ninguna circunstancia en guarniciones de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, el traslado ha avivado el debate público en torno a los vínculos familiares y los supuestos parentescos del ex legislador dentro de la esfera de poder, poniendo bajo la lupa las garantías de transparencia e igualdad ante la ley en la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades competentes aún no han emitido un pronunciamiento oficial detallando los fundamentos técnicos o de seguridad que motivaron el cambio de centro de reclusión para el exparlamentario sucreño, mientras crecen las solicitudes para que se revise la legalidad y conveniencia de su permanencia en una instalación militar.