La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, fijó su postura frente a las recientes decisiones judiciales que imponen restricciones a los bombardeos y operaciones militares en campamentos de grupos armados donde haya presencia de menores de edad. La funcionaria advirtió que la protección a la infancia no debe convertirse en una patente de inmunidad para las estructuras criminales.

  • Doble obligación del Estado: Restrepo señaló que el Estado tiene el deber simultáneo de salvaguardar a los menores reclutados a la fuerza y de continuar persiguiendo con contundencia a los grupos armados ilegales, recalcando que ambas obligaciones son compatibles.
  • Crítica al momento del debate: La directora sostuvo que discutir el problema únicamente en el instante previo a un bombardeo es «llegar tarde», e instó a enfocar la atención en el origen de la vulnerabilidad: «¿Cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó?»
  • Límites operativos: Aunque respaldó la ofensiva institucional, recordó que la Fuerza Pública está sometida estrictamente a la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, por lo que se deben extremar las precauciones para proteger la vida de los niños en medio del conflicto.

La discusión nacional se avivó tras fallos de tutela emitidos por despachos judiciales que frenan temporalmente operaciones aéreas ofensivas al confirmarse información de inteligencia sobre la presencia de menores utilizados como escudos humanos por las organizaciones al margen de la ley.