En una decisión que generó inmediatas reacciones en distintos sectores, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó al Ministerio de Minas y Energía echar para atrás el incremento de 46 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente que se tenía previsto aplicar. De este modo, el valor del combustible se mantendrá sin variaciones durante el mes.

La medida se produjo luego de que se anunciara un reajuste en la fórmula del combustible —asociado a la actualización de los valores reconocidos a los productores de etanol—. Ante esto, el jefe de Estado manifestó públicamente su inconformidad con la forma en que se dio la sorpresiva alza y exigió mayor claridad a las carteras económicas:

«Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones. Cuando una medida difícil sea inevitable, se dirá con tiempo, con cifras y en lenguaje llano», expresó el mandatario a través de sus canales oficiales.

Tras la orden presidencial, el Ejecutivo confirmó que el Gobierno nacional asumirá los costos correspondientes —estimados en unos 8.300 millones de pesos para octubre en lo referente al subsidio de etanol— con el fin de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

No obstante, la decisión ha abierto un escenario de conceptos encontrados en el ámbito económico y político. Por un lado, agremiaciones de conductores y ciudadanos celebraron el alivio temporal para la economía familiar; por otro, analistas y expertos fiscales han advertido sobre la presión que esto genera en las finanzas de la Nación y la sostenibilidad de los fondos de estabilización, señalando la necesidad de sincerar las tarifas frente a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo.