El panorama laboral de las plataformas digitales en Colombia enfrenta una fuerte sacudida jurídica y económica. Diversas organizaciones del sector tecnológico y gremial le han pedido formalmente al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella la derogación inmediata del Decreto 0091 (también identificado como Decreto 099 de 2026), expedido durante las últimas horas del mandato de Gustavo Petro para reglamentar la cotización a seguridad social de los repartidores.

Según los gremios, la norma distorsiona lo pactado en la reforma laboral y pone en riesgo la continuidad de miles de empleos flexibles en aplicaciones como Rappi, DiDi Food y Mercado Libre.

Las claves del conflicto normativo:

  • Sobrecostos de cotización: El vocero gremial de Alianza In Colombia advirtió que el decreto impone un piso mínimo de cotización equivalente a un salario mínimo completo cuando los ingresos sean bajos, lo que incrementaría los aportes hasta en un 200% para los domiciliarios de menores ingresos.
  • Impacto masivo en empleabilidad: Se estima que cerca de 625.000 repartidores en todo el país se verían afectados. Las plataformas advierten que la sobrecarga financiera obligaría a restringir la base de trabajadores activos, impactando principalmente a jóvenes y migrantes.
  • Ruptura de acuerdos previos: Los representantes del sector señalan que el decreto contradice el esquema contributivo proporcional acordado durante los debates de la Ley 2466 de 2025 en el Congreso.
  • Desmonte de circulares relacionadas: De manera paralela, el Ministerio del Trabajo expidió resoluciones para revisar y derogar circulares administrativas anteriores que regulaban aspectos de inspección laboral en plataformas digitales y servicios domésticos.

La solicitud de revocatoria queda en manos del Ministerio del Trabajo, mientras las empresas del sector alistan acciones de nulidad ante el Consejo de Estado para suspender la norma.