La soberanía alimentaria de Colombia acaba de entrar en un terreno de máxima incertidumbre. Una profunda controversia se ha desatado luego de que la administración del presidente Abelardo De La Espriella ordenara desmantelar las resoluciones que dieron origen a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La decisión, elimina las restricciones de suelo que blindaban a más de 864.000 hectáreas en casi cincuenta municipios del país.

Esta medida ha provocado la reacción inmediata de sectores agrarios, ambientalistas y movimientos campesinos, quienes advierten que dejar desprotegidas estas tierras de vocación agrícola expone los suelos más fértiles del país al avance incontrolado de la minería, la especulación inmobiliaria y los grandes desarrollos industriales.

Tensiones al límite en las regiones:

  • El contrapunteo del Gobierno: Según informaciones, la Casa de Nariño defiende la derogatoria argumentando que las APPA vulneraban la propiedad privada, asfixiaban la inversión rural, frenaban el agroturismo y le restaban autonomía a los municipios para definir sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
  • Alarma campesina e hídrica: Voceros comunitarios y ecologistas señalan que la eliminación de la figura en regiones clave como el Suroeste antioqueño —donde la figura restringía proyectos extractivos cerca de fuentes de agua— representa un peligroso retroceso que amenaza la sostenibilidad de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria a largo plazo.
  • Protestas en el horizonte: Varias organizaciones agrícolas y ambientales de departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Tolima y La Guajira se han declarado en asamblea permanente y anuncian acciones legales e intensas movilizaciones para exigir la restitución de las garantías de protección sobre la tierra productiva.

Con los ánimos encendidos en las zonas rurales, el país enfrenta un duro pulso entre el impulso a la inversión privada y la defensa del suelo agrícola para el consumo nacional.