El Ministerio de Transporte ordenó una revisión técnica e inspección exhaustiva a todas las cámaras de fotodetección instaladas en las vías nacionales, departamentales y municipales del país. La decisión busca garantizar el debido proceso, frenar cobros irregulares y verificar si los dispositivos cumplen estrictamente con los criterios de autorización vigentes.

¿Por qué se toma la medida?

La decisión gubernamental responde a las crecientes quejas ciudadanas por presuntos abusos en el cobro de comparendos, fallas en la señalización preventiva y la falta de notificación oportuna a los conductores sancionados:

  • Puntos ciegos y señalización: La normativa exige que toda cámara cuente con avisos visibles a cierta distancia que adviertan su presencia. Se evaluará si los municipios respetan estas distancias para evitar que las cámaras funcionen como «trampas de cobro».
  • Calibración técnica y permisos: El Ministerio verificará si las cámaras operativas cuentan con el aval técnico de los organismos competentes y si las licencias de funcionamiento están al día.
  • Notificación y debido proceso: Se inspeccionará si las Secretarías de Tránsito están notificando las sanciones dentro de los plazos legales, evitando que los ciudadanos se enteren de las multas meses o años después de la infracción.

¿Qué pasará con las cámaras que no cumplan?

Las autoridades advirtieron que aquellos sistemas de fotodetección que no superen la auditoría o presenten irregularidades en su señalización, ubicación o proceso de calibración, se enfrentarán a sanciones severas:

  • Suspensión inmediata: Se ordenará la desconexión del sistema y la invalidez de los comparendos generados de forma irregular.
  • Procesos a organismos de tránsito: Las Secretarías de Tránsito que mantengan cámaras operando al margen de las resoluciones del Ministerio podrían perder la autorización para operar fotodetecciones de manera definitiva.

Impacto para los conductores

Esta revisión busca sentar un precedente sobre el uso defensivo y preventivo de la tecnología en las vías, recordando que el propósito de las fotomultas debe ser la reducción de la siniestralidad vial y no la recaudación fiscal abusiva.

Se espera que en las próximas semanas la Superintendencia de Transporte y el Ministerio entreguen el primer balance con la lista de cámaras aprobadas y aquellas que deberán ser desmontadas en el territorio nacional.