En medio del intenso debate nacional sobre el uso de herbicidas en la erradicación de cultivos ilícitos, el ministro de Justicia, Eduardo Cifuentes, generó controversia tras señalar los verdaderos objetivos del polémico plan piloto de aspersión aérea. Según el jefe de la cartera, las pruebas técnicas y científicas que se adelantan no tienen como propósito principal evaluar los efectos de la sustancia sobre la salud humana, sino determinar la efectividad del químico sobre la planta de coca.

Durante una intervención en el Congreso de la República, el funcionario explicó que el alcance del programa piloto responde estrictamente a la necesidad de medir la letalidad y el rendimiento del herbicida frente a los arbustos ilícitos, amparándose en los protocolos técnicos exigidos por las autoridades ambientales.

Sin embargo, las declaraciones cayeron como un balde de agua fría entre congresistas de oposición, organizaciones sociales y comunidades campesinas. Diversos sectores criticaron fuertemente que se minimicen los posibles riesgos toxicológicos y ambientales para los habitantes de las regiones donde se implementarán los vuelos, recordando los antecedentes de afectaciones a la seguridad alimentaria y a fuentes hídricas en el pasado.

Mientras el Gobierno defiende la rigurosidad técnica de los ensayos para buscar alternativas eficientes contra el narcotráfico, las veedurías y defensores de derechos humanos exigen mayores garantías de salubridad y estudios de impacto integral que prioricen la vida y la salud de las comunidades rurales por encima de cualquier otro indicador.