El Consejo de Estado se encuentra en la recta final para adoptar una decisión de fondo sobre el futuro del incremento del salario mínimo en Colombia para la vigencia de 2026. La Sección Segunda del alto tribunal cerró la etapa de pruebas y unificó el expediente que agrupa las demandas presentadas contra el decreto gubernamental, el cual fijó un aumento del 23% tras no lograrse un consenso en la Comisión de Concertación Salarial.

El debate jurídico gira en torno al análisis de los decretos expedidos por el Ejecutivo —incluyendo los ajustes al salario y al auxilio de transporte— para determinar si cumplieron con los requisitos de motivación técnica, el respeto a las variables macroeconómicas como la inflación proyectada y la productividad, y los límites de la facultad gubernamental al implementarlo.

Con la unificación de los procesos, el alto tribunal abrió una fase crucial del litigio: las partes involucradas y los intervinientes dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus alegatos de conclusión, y posteriormente el Ministerio Público emitirá su respectivo concepto.

Una vez cumplidos estos pasos formales, el expediente pasará al despacho definitivo para que la sala emita la sentencia que aclarará si el decreto se mantiene en firme o si, por el contrario, se cae de manera definitiva.