Una nueva y profunda tensión institucional sacude al país tras las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien cuestionó duramente a los despachos judiciales y a los funcionarios que han frenado mediante fallos y tutelas las medidas de su administración contra los cultivos de uso ilícito —entre ellas, los planes piloto de aspersión aérea—.

Durante una reciente alocución pública, el mandatario aseguró que el Estado colombiano y los estrados judiciales se han convertido en un escenario de trabas constantes para el desarrollo de la política antidrogas. En este sentido, lanzó una advertencia directa al señalar que quienes obstruyen estas labores, ya sean particulares o funcionarios públicos, terminan favoreciendo indirectamente a las estructuras criminales.

«La fumigación de los cultivos ilícitos y nos hemos encontrado con toda suerte de trabas para ese propósito dentro del Estado colombiano y fuera de él; y quiero decirlo claro: todo aquel que se oponga a la fumigación de ese cáncer, sea funcionario o sea un particular, está de alguna manera ayudando a que ese fenómeno se extienda», expresó De la Espriella.

El pronunciamiento ha generado un fuerte revuelo político y jurídico, debido a que el mandatario sugirió la intervención de instancias de control en los Estados Unidos para revisar las actuaciones de quienes entorpezcan las estrategias de seguridad y erradicación. Sectores de oposición y analistas constitucionales han interpretado la postura del Ejecutivo como un llamado a la justicia internacional para presionar a jueces y magistrados colombianos que, amparados en razones jurídicas y la separación de poderes, han impuesto medidas cautelares a las fumigaciones y operaciones militares.

La controversia escala en un momento en que distintos despachos, como el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís en el departamento del Putumayo, han ordenado suspensiones provisionales a planes piloto de aspersión con herbicidas debido a exigencias de protocolos ambientales y de protección a las comunidades.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las altas cortes para evaluar el alcance de estas declaraciones frente a la autonomía judicial y el equilibrio de poderes en el país.