Un nuevo informe internacional de la organización Global Witness volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis de derechos humanos en el país. Colombia se mantiene por sexto año consecutivo como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medio ambiente, liderando el lamentable ranking global de homicidios contra defensores de la naturaleza y líderes comunitarios.

Según el documento, la violencia contra estas poblaciones sigue desatada en las regiones más apartadas del territorio nacional, donde confluyen economías ilícitas, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y la presencia de grupos armados organizados. Las cifras evidencian que los ambientalistas, indígenas y líderes campesinos que se oponen a la destrucción de los ecosistemas pagan con sus vidas la defensa del territorio.

Las principales organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado urgente al Gobierno Nacional para que fortalezca los mecanismos de protección integral, reactive las mesas de concertación y garantice una presencia institucional efectiva que frene la impunidad en estos crímenes. Por su parte, la comunidad internacional insiste en que se requiere una intervención estructural para desmantelar las economías criminales que amenazan tanto la biodiversidad del país como la vida de quienes la protegen.