Las administraciones y consejos de copropiedades en todo el país endurecieron los controles sobre la tenencia de mascotas en propiedad horizontal, encendiendo las alarmas para los dueños de gatos. Residentes de conjuntos residenciales se exponen a sanciones económicas que superan los 200.000 pesos por el incumplimiento de las normas de convivencia relacionadas con el manejo de sus animales de compañía.

Si bien la normativa colombiana reconoce a los animales como seres sintientes y protege su permanencia en los hogares, las copropiedades recuerdan que la vida en comunidad exige corresponsabilidad.

Las multas más frecuentes se imponen por situaciones como permitir que los felinos deambulen sin supervisión por pasillos, parques, jardines o parqueaderos, o por descuidar la higiene en zonas comunes y balcones.

El respaldo legal y normativo

Estas medidas no son arbitrarias; se sustentan y reglamentan bajo un estricto marco jurídico nacional e interno:

  • Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana): Es el pilar legal a nivel nacional. Los artículos 116, 117 y 118 establecen las obligaciones de la tenencia responsable de animales domésticos. En particular, exigen que cualquier mascota que transite por áreas comunes o espacios compartidos debe mantenerse bajo estricto control de sus dueños para prevenir riesgos de salubridad, daños a bienes o afectaciones a la tranquilidad de los vecinos. El Código faculta a las autoridades para imponer multas correctivas cuyas tarifas superan los 200.000 pesos dependiendo de la infracción.
  • Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal) y Manuales de Convivencia: Esta ley avala que los conjuntos residenciales establezcan sus propias reglas a través de los reglamentos de propiedad horizontal y manuales de convivencia aprobados en asamblea. Gracias a esta autonomía, las administraciones están facultadas para imponer sanciones pecuniarias (multas reflejadas en las liquidaciones de administración) a quienes ignoren las pautas internas de cuidado animal.

Ante este panorama, las administraciones hacen un llamado urgente a los propietarios para instalar mallas de seguridad en ventanas y balcones, y garantizar que sus gatos permanezcan dentro de las unidades privadas, evitando así sanciones económicas y garantizando una convivencia armónica.