El Gobierno nacional adoptó una decisión imprevista frente al mercado de combustibles al ordenar la congelación en las tarifas de la gasolina y el ACPM, descartando aumentos en el precio del diésel y frenando de golpe el impacto inflacionario previsto para el sector.

La medida, implementada de manera oficial, se estructuró como parte de un paquete de decretos de emergencia orientados a mitigar los efectos sociales y económicos generados tras el reciente terremoto que sacudió al país. Como parte central de este ajuste, el Ejecutivo autorizó la redistribución temporal del 100% de la sobretasa al consumo de ACPM en los departamentos más golpeados por el desastre, recursos que ahora se destinarán de forma exclusiva a financiar la infraestructura crítica, la ayuda humanitaria y la reactivación de los municipios afectados.

Analistas económicos señalan que esta maniobra representa un giro drástico en la hoja de ruta fiscal, puesto que evita trasladar de inmediato los costos del diésel a los consumidores —frenando una presión directa sobre los costos logísticos, el transporte de alimentos y la cadena de suministro nacional—, aunque pone temporalmente bajo tensión las metas de reducción del déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Con estas disposiciones, la administración de Abelardo De La Espriella busca blindar los hogares de mayores cargas económicas en medio de la coyuntura de emergencia, priorizando la liquidez regional para la atención de socorro mientras se evalúan los mecanismos de compensación fiscal a mediano plazo.