La Policía Nacional confirmó la separación de sus cargos y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete uniformados, tras los confusos y graves hechos que rodearon la muerte de Donovan Balanta Paz, un joven de 32 años que falleció bajo custodia policial el pasado 20 de septiembre de 2026.

El operativo que hoy es materia de investigación se registró en el sector de Caracolí (calle 77 Sur), una zona limítrofe entre la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) y el municipio de Soacha.

Denuncias de uso excesivo de la fuerza

De acuerdo con las denuncias interpuestas por los familiares de la víctima y respaldadas por videos grabados por testigos en el lugar de los hechos, Balanta Paz fue interceptado, reducido y esposado en el suelo por varios agentes.

No obstante, los allegados sostienen que durante el procedimiento de detención los uniformados incurrieron en graves excesos de fuerza. Según su testimonio, el joven habría recibido múltiples golpes en el rostro e impactos con un dispositivo de descarga eléctrica (taser) mientras se encontraba completamente inmovilizado.

Tras la intervención, Donovan Balanta fue trasladado inicialmente a una estación de policía y, posteriormente, debido a graves complicaciones de salud, remisión que se hizo tardía según acusa la familia, fue llevado al Hospital Cardiovascular de Soacha, a donde llegó sin signos vitales o con un cuadro crítico que derivó en su deceso. Por su parte, la versión preliminar de la institución apuntaba en un inicio a que el ciudadano se habría desmayado estando en calidad de retenido en la estación.

Pronunciamiento institucional

Ante la presión social, el rechazo ciudadano y la solicitud urgente de esclarecimiento por parte de organizaciones y allegados, la comandancia de la Policía tomó la decisión administrativa de apartar de sus funciones a los siete policías vinculados al procedimiento.

Mediante un comunicado, la institución señaló que se abrió un proceso disciplinario formal y reiteró que el mismo se adelantará con total rigor. Asimismo, manifestaron que la institución “reitera su absoluto respeto por los derechos fundamentales, y reafirma que todas sus actuaciones se desarrollan con estricto apego a la Constitución Política, la Ley, los estándares internacionales de los derechos humanos y principios que rigen el uso legítimo y proporcional de la fuerza”.

Las autoridades judiciales y disciplinarias anunciaron que evaluarán minuciosamente las pruebas técnicas, los dictámenes de Medicina Legal y los registros de video para determinar las responsabilidades individuales de los uniformados en este nuevo caso que enciende las alarmas sobre los protocolos de actuación policial durante detenciones callejeras.