El drama laboral de decenas de profesionales de la salud y personal administrativo que formaba parte de la desaparecida Clínica Meta parece no tener fin. A pesar de haber transcurrido varios años desde el cierre y la liquidación del centro asistencial, los extrabajadores denunciaron que continúan a la espera del pago de sus liquidaciones, salarios atrasados y prestaciones sociales adeudadas.

Los afectados aseguran que la situación se ha tornado insostenible, ya que tras años de batallar en los estrados judiciales y tocar las puertas de las entidades competentes, las respuestas oficiales brillan por su ausencia y el patrimonio de la institución liquidada no ha sido suficiente —o no se ha gestionado con la celeridad requerida— para honrar las deudas laborales.

Un calvario tras la pandemia y la crisis de la salud

Muchos de estos exempleados recordaron que, durante la época más crítica de emergencias sanitarias, laboraron bajo condiciones complejas y sin recibir sus remuneraciones a tiempo. Tras el cierre definitivo de la clínica, quedaron en el desempleo y con la promesa de que sus derechos laborales serían indemnizados mediante el proceso de liquidación judicial.

No obstante, el tiempo ha pasado y las familias afectadas siguen esperando los recursos que por ley les corresponden.

«Dedicamos años de nuestra vida a salvar vidas en la Clínica Meta y hoy el Estado y los responsables del proceso nos pagan con indiferencia. Muchos compañeros están pasando necesidades extremas, adultos mayores sin pensión y sin salud, mientras los dineros de las deudas siguen en un limbo jurídico», expresó con indignación una de las enfermeras voceras de los afectados.

Exigen intervención urgente del Ministerio del Trabajo

Ante este panorama de vulneración sistemática de sus derechos laborales, los extrabajadores hicieron un llamado urgente al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los jueces de concursos y liquidación para que agilicen el rastreo de bienes de la antigua clínica y se priorice el pago de la nómina atrasada, la cual constituye un crédito de primera clase según la legislación colombiana.

Los manifestantes anunciaron que realizarán plantones pacíficos frente a las oficinas de las entidades de control en Villavicencio para exigir respuestas de fondo y evitar que sus casos queden en el olvido.