El Gobierno nacional encendió las alarmas de diversos sectores sociales, sindicales y de derechos humanos tras trascender que ya cuenta con el borrador del decreto presidencial que reglamenta el derecho a la protesta social en el país. La iniciativa busca establecer nuevas condiciones, protocolos y restricciones para la realización de manifestaciones en espacios públicos, argumentando la necesidad de garantizar el orden público y la movilidad.

El documento, que ya circula entre los despachos ministeriales para sus observaciones finales antes de su firma, ha desatado un intenso debate jurídico sobre los límites constitucionales de la protesta pacífica en la administración de Abelardo De La Espriella.

Los puntos clave del borrador

Aunque el texto oficial aún no ha sido publicado en su totalidad para comentarios ciudadanos formales, apartes filtrados del articulado señalan que el decreto contemplaría disposiciones como:

  • Zonas restringidas: Prohibición expresa de realizar bloqueos viales permanentes o temporales en vías principales y corredores arteriales considerados estratégicos para la economía y la seguridad nacional.
  • Protocolos de intervención: Requisitos previos de notificación y autorización de recorridos con mayor margen de tiempo, así como la habilitación de operativos de disuasión más estrictos por parte de la Fuerza Pública ante alteraciones del orden.
  • Sanciones y responsabilidades: Mecanismos para identificar a promotores y organizadores de concentraciones que incurran en vías de hecho, con posibles implicaciones legales y administrativas.

Polémica y rechazo de organizaciones sociales

La revelación del borrador provocó un rechazo inmediato por parte de centrales obreras, movimientos estudiantiles y defensores de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un intento de criminalizar y cercenar el derecho fundamental a la movilización ciudadana.

«Reglamentar la protesta con este enfoque restrictivo es un atentado directo contra la democracia. El derecho a la protesta no se le pide permiso al Estado; buscar limitar las movilizaciones bajo la excusa de la movilidad desconoce las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos», advirtió un representante de plataformas defensoras de derechos humanos.

Por su parte, desde el Ejecutivo se ha defendido la urgencia de equilibrar el derecho a la protesta con los derechos de los ciudadanos que no participan en ellas, garantizando la libre circulación y evitando que las vías de hecho colapsen la productividad de las ciudades. Se prevé que el documento desate una intensa batalla jurídica y solicitudes de medidas cautelares ante el Consejo de Estado tan pronto sea firmado oficialmente.