El ministro de Justicia Iván Cancino, generó una fuerte polémica nacional tras restarle importancia a los posibles efectos nocivos que el uso de veneno en los proyectos de fumigación aérea y terrestre podría tener sobre la salud de las comunidades campesinas y los habitantes de las zonas rurales intervenidas.

Las declaraciones del alto funcionario han desatado un rechazo inmediato por parte de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública, quienes advierten sobre los graves riesgos que implica retomar prácticas de aspersión con químicos sin contar con estudios científicos concluyentes que descarten daños irreversibles al ser humano y al medio ambiente.

Reacciones y advertencias de la sociedad civil

Diversas agremiaciones campesinas y étnicas señalaron que desestimar el impacto del glifosato u otros agentes químicos sobre la población civil vulnera los derechos fundamentales a la salud, al agua potable y a la seguridad alimentaria.

«No se puede minimizar el impacto de los químicos bajo el pretexto de cumplir metas de erradicación. Las comunidades que habitan los territorios son las que terminan cargando con el costo en su salud, sufriendo problemas respiratorios, dermatológicos y gastrointestinales», denunció un vocero de organizaciones agrarias.

Por su parte, la comunidad científica y defensores del medio ambiente recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado históricamente a ciertos herbicidas como potencialmente cancerígenos para los humanos, por lo que exigieron al Gobierno nacional mayor rigor técnico y transparencia antes de avanzar en la implementación de estas estrategias antidrogas.

La postura del Ministerio

Desde la cartera de Justicia se ha defendido la necesidad de implementar herramientas contundentes para combatir los cultivos ilícitos, argumentando que los protocolos actuales buscan mitigar los daños colaterales y se enmarcan en la estrategia de seguridad del Estado.

Sin embargo, la falta de garantías en las declaraciones del Ministro mantiene encendidas las alarmas en el Congreso y en las organizaciones sociales, que anticipan acciones jurídicas y exigencias de debates de control político para frenar cualquier iniciativa de fumigación que ponga en riesgo a las comunidades vulnerables.