Un duro revés judicial sacude al reconocido intérprete de música romántica Carlos Alberto Sánchez Ramírez, artísticamente conocido como Charlie Zaa. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo que declara la extinción de dominio sobre seis bienes vinculados al artista, tras determinarse que habrían sido adquiridos con dineros provenientes del accionar del desmovilizado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo con la investigación de los organismos de control, los activos afectados superan los 23.750 millones de pesos en avalúo comercial. Las pesquisas judiciales indicaron que el exjefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, habría instrumentalizado a testaferros y terceros para canalizar flujos de capital ilícito hacia el sector inmobiliario, buscando ocultar el origen de los recursos.

El fallo y el destino de los bienes

La decisión judicial se enmarca dentro de un proceso integral contra antiguos cabecillas e integrantes de la estructura paramilitar. Con este fallo de primera instancia, los inmuebles pasan formalmente a disposición del Estado y serán entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de indemnizar a quienes padecieron los estragos de la violencia perpetrada por este bloque armado en la región.

«La Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables para reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal», señalaron fuentes judiciales respecto a la investigación que permitió rastrear el capital.

La postura de la defensa

Por su parte, el equipo legal y el entorno del artista han sostenido en repetidas ocasiones que el patrimonio acumulado por Charlie Zaa es producto de más de tres décadas de trayectoria artística, giras internacionales y el cobro legal de regalías generadas por su exitosa carrera musical.

Se espera que la defensa interponga los recursos de apelación correspondientes para controvertir los argumentos del tribunal, mientras el proceso entra en su etapa definitiva para definir la situación jurídica final de los bienes afectados.