Admiten tutela contra el Gobierno para frenar sobrevuelos de aviones Kfir sobre zonas residenciales de Santa Marta y la Sierra Nevada

Un juez de la República admitió una acción de tutela interpuesta en contra del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la cual busca frenar los polémicos sobrevuelos de aviones de combate Kfir sobre la zona urbana, sectores residenciales y la Sierra Nevada de Santa Marta.
El recurso jurídico fue presentado por la abogada Isabella Luhan, ante la preocupación generalizada por el impacto de estas operaciones militares en la tranquilidad ciudadana.
Los argumentos de la acción constitucional
La demanda señala que, si bien la ciudadanía comprende la necesidad de ejercer control institucional frente a las alteraciones del orden público en la región Caribe, no se debe normalizar el impacto psicológico de la guerra en la población civil. Los argumentos principales apuntan a:
- Protección de la infancia: Se advierte sobre el temor y la afectación emocional que generan los fuertes estruendos y el paso a baja altura de aeronaves militares en niños y jóvenes residentes de distintas comunas samarias.
- Impacto ambiental y cultural: Comunidades indígenas y habitantes de las estribaciones de la Sierra Nevada han manifestado su profunda inquietud por el ruido y la perturbación que estas operaciones de disuasión causan en el ecosistema y la armonía ancestral del territorio.
- Exigencia de límites operativos: La tutela no busca frenar las estrategias legítimas de seguridad del Estado, sino exigir que los sobrevuelos de aeronaves de guerra se restrinjan a zonas despobladas o específicas, alejándolas de los cascos urbanos densamente habitados.
El contexto del despliegue militar
Los sobrevuelos de los tradicionales aviones Kfir en la capital del Magdalena se originaron como parte del refuerzo de seguridad y la estrategia de disuasión aérea ordenada por el Gobierno Nacional ante recientes amenazas y acciones de grupos armados ilegales en la Troncal del Caribe y la región.
Tras la admisión del recurso, el juzgado otorgó un plazo perentorio al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para que entreguen explicaciones técnicas y soportes sobre la planificación de estas misiones, mientras se estudia de fondo la petición de adoptar medidas cautelares sobre las rutas de vuelo.
