Una profunda controversia se ha desatado en el sector salud tras la expedición del Decreto 1432, una normativa del Gobierno Nacional que modifica el régimen de transición y aplaza la aplicación plena de las estrictas condiciones fijadas previamente en el Decreto 661 sobre los contratos sindicales en entidades públicas y prestadores de servicios de salud.

La medida ha encendido las alarmas entre agremiaciones, sindicatos y trabajadores de la salud, dividiendo opiniones en torno al futuro de la formalización laboral y la contratación en hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE).

Claves del Decreto 1432 y motivos de la controversia

  • Extensión del plazo transitorio: El decreto establece que las nuevas condiciones y restricciones impuestas a los contratos sindicales solo serán exigibles a partir del 1 de octubre de 2028, otorgando un compás de espera de dos años adicionales frente a lo planeado.
  • Nuevos contratos permitidos: La normativa habilita de manera excepcional la prórroga y celebración de nuevos contratos sindicales durante este periodo de transición para suplir necesidades de talento humano, algo que los críticos catalogan como un freno a la tan anhelada estabilidad laboral definitiva.
  • Seguridad social y aportes: El articulado reitera que, a pesar de la prórroga temporal, se mantienen estrictas obligaciones financieras, recordando que los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y el cálculo de las compensaciones deben ajustarse rigurosamente a la ley, sin eximir de responsabilidades a las partes.

Reacciones en el sector

Mientras que desde el Ejecutivo se defiende la medida argumentando que se otorga un horizonte financiero y técnico realista para que las instituciones adecuen sus plantas de personal sin colapsar la prestación de los servicios, diversos sectores sindicales y veedurías ciudadanas han expresado su descontento. Los detractores señalan que postergar la transformación de estas figuras contractuales perpetúa la incertidumbre laboral para miles de profesionales de la salud que exigen garantías directas y una formalización sin intermediaciones.

El Ministerio del Trabajo indicó que mantendrá estrictas labores de inspección, vigilancia y control durante todo este periodo de transición para evitar abusos o desconocimiento de los derechos mínimos del personal médico y asistencial.