Un panorama de alta tensión social y orden público enfrenta el arranque de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Informes recientes revelan que, durante los primeros 50 días de su mandato, al menos 21 miembros de la Fuerza Pública —entre policías y soldados— han perdido la vida en medio de ataques perpetrados por estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.

El balance de violencia ha encendido las alarmas en los cuarteles y en los sectores políticos, evidenciando los retos de seguridad que heredó la actual administración en zonas de fuerte presencia criminal como el Catatumbo, el departamento del Meta y el litoral pacífico. Los hostigamientos recientes con explosivos y emboscadas han cobrado la vida de uniformados que cumplían con labores de vigilancia y soberanía territorial.

La respuesta desde la Casa de Nariño

Ante la escalada violenta, el jefe de Estado ha reiterado una postura de mano dura y ofensiva total contra los grupos al margen de la ley. Tras los últimos atentados, De la Espriella envió un mensaje de solidaridad a las familias de los caídos y aseguró que el sacrificio de los uniformados no quedará en el olvido.

«La sangre de nuestros soldados y policías asesinados no quedará impune. Cada ataque contra nuestros hombres fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo. No habrá refugio criminal que los ponga a salvo de la justicia», advirtió el mandatario a través de sus canales oficiales.

En respuesta a estas bajas, el Ejecutivo ha intensificado las operaciones militares y policiales, reportando en las últimas semanas decenas de capturas y acciones ofensivas destinadas a debilitar las finanzas y las estructuras armadas de los grupos narcoterroristas que desafían la autoridad del Estado.